Por Víctor Manuel Barceló R

El inexorable tiempo acerca el momento de las definiciones jurídicas, referidas al proceso electoral para Presidente de la República. Intereses del grupo en el poder, presionan de mil formas, para que quede todo igual. Que el TRIFE resuelva conforme a un extremo del derecho, olvidando lo que ya creo el propio Tribunal, con jurisprudencia respecto a la anulación de elecciones. Pero vayamos por partes. El Tribunal recibió 364 juicios de inconformidad -231 de la Coalición por el bien de todos y 133 del PAN- que se asignan a cada uno de los siete magistrados. Un grupo de juicios piden revisión o anulación de casillas. Por su lado, la Coalición presentó un juicio de inconformidad -800 hojas- con pruebas documentales, técnicas y juicios de inconformidad por casilla. Allí pretende demostrar que las elecciones no fueron libres ni auténticas, por violaciones a principios constitucionales.

En su base, solicitan la aplicación de la “Nulidad Abstracta”. Ésta, la Nulidad Abstracta, fue creación del TRIFE –ante fallas u omisiones del legislador- y consiste en declarar nulas, elecciones, hasta ahora de gobernadores –el caso de Tabasco- diputados locales, autoridades de los municipios, Jefe de Gobierno y asambleístas. Por analogía podría aplicarse la norma, nacida por jurisprudencia, a la elección presidencial. Esto es lo que pretende la Coalición. Menuda tarea tienen por delante, tanto la Coalición para demostrar sus razones, pero sobre todo el TRIFE, para resolver tal inconformidad.

Lo que ocurre es que no es solo el estrecho margen de votos entre los que ocuparon los dos primeros lugares en la elección del 2 de julio. Se afirma que lo sustantivo se constituye por las condiciones inequitativas de la elección: intervención gubernamental indebida, guerra sucia, propaganda religiosa y otros, expresados en el documento respectivo. Todo ello crea una creciente incertidumbre, que se acrecienta con la escalada de resistencia civil, llevada a cabo por la Coalición, y el asedio, velado pero poderoso al TRIFE, para que le de el triunfo al PAN.

Cierto es que la reforma electoral de 1996 no atiende el asunto de la nulidad presidencial. En los diez años posteriores, el Tribunal Electoral, “a golpes de jurisprudencia” está destrozando lo malo de la Ley. Por ello será urgente la atención a esta reforma, en la Agenda del nuevo Congreso. Entre tanto, la incertidumbre se apropia del momento político, acentúa las reacciones –populares y de cúpula- sin que se adelanten mecanismos de negociación, urgentes en este momento. Pronto sabremos las determinaciones del Tribunal respecto a juicios de inconformidad, que llevaron a abrir 9% de casillas, por todo el país.

Hasta ahora, parece que numéricamente no habrá cambios sustanciales, que le den un giro a los resultados conocidos. El margen se mantendrá y de allí no saldrá un resultado definitivo. Faltará pronunciarse sobre la pertinencia de la causal de nulidad abstracta. Las opiniones se dividen: no será posible aplicarla en lo federal, por antecedentes negativos en salas regionales y los magistrados no les van “a enmendar la plana”. En el otro extremo, se considera que puede el TRIFE terminar de “cavar la tumba” de la LEY actual; que tiene capacidad para participar en elecciones federales y, dadas las inequidades presentadas -algunas corroboradas en el “recuento parcial”- podría decidir la nulidad de la elección presidencial.

El futuro político y social de la nación está, como nunca, en manos de siete hombre de leyes. ¿Tendrán la sensibilidad social para tomar una determinación, equitativa y transparente, que cierre heridas y una a los mexicanos?. ¿Seremos capaces los ciudadanos, de atenernos a una decisión de esa naturaleza, para dedicarnos a la reconstrucción de la nación?. Pronto, muy pronto lo sabremos.

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